Carlos Segovia Maldonado, director regional de Salud de Huánuco, y Yonel Ventura González, director del Hospital Tingo María, fueron denunciados penalmente en el Ministerio Público tras presuntos abusos cometidos contra trabajadoras.
Los funcionarios de salud fueron acusados por los presuntos delitos de atentado contra la libertad de trabajo, desobediencia o resistencia a la autoridad, abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
También se les sindica de aparentemente haber incumplido la sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada, y no haber pagado las remuneraciones a tres trabajadores tras haber sido reincorporadas con mandato judicial.
Las agraviadas laboralmente y denunciantes son Rosa Arostegui, Elizabeth Archenti, Emilia Briceño Rojas y Delcy Chagua.
Según el abogado defensor, Víctor Reyes, las trabajadoras ininterrumpidamente vienen prestando sus servicios al Hospital de Tingo María, sin embargo, hace 6 meses que la entidad de salud no les cancela sus remuneraciones.
El letrado acotó que a pesar de sus reiteradas conversaciones con los funcionarios encargados de cancelar los salarios adeudados y se les cumpla sus derechos laborales.
No obstante, hasta la fecha de interposición de la denuncia penal, no se había resuelto el tema del pago a los trabajadores que reanudaron sus labores en sus lugares de trabajo, desde el año pasado.
“Consideramos que los funcionarios antes mencionados se encuentran permanentemente incapacitados para hacer frente a los salarios de los trabajadores, criminalizados por desobediencia o resistencia a las autoridades judiciales por incumplimiento de mandatos judiciales y abuso de poder, permitiéndoles trabajar sin remuneración”, mencionó el abogado,
Asimismo, la trabajadora Rosa Arostegui, miembro del personal en el área de lavandería del Hospital Tingo María, insistió al MP que el recinto de salud donde trabaja ha estado atrasada por 6 meses de salarios impagos desde noviembre de 2021, fecha que reingresó a trabajar tras haber ganado en los tribunales.
“Los denunciados han incumplido con el requerimiento del juzgado, y como funcionarios de mayor jerarquía están obligados a cumplir el mandato judicial”, señaló la trabajadora.
