El Director Regional de Agricultura (DRA), Roy Cruz Domínguez, fue denunciado penalmente ante el Ministerio Público, por la comisión del presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
La denuncia fue presentada el pasado 25 de enero en mesa de partes única de las fiscalías provinciales penales corporativas de Huánuco, por el presidente de la Comunidad Campesina de Quicacan y sus anexos, Víctor Espinoza Rivera.
Según el denunciante, Cruz Domínguez se estaría negando a entregar documentos solicitados por Víctor Espinoza Ramírez, quien, amparado en el texto único de la Ley nº 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, solicitó dichos documentos en varias oportunidades, mismos que le fueron negados.
El argumento del director de la DRA, se basa en que Víctor Espinoza no estaría acreditado como presidente de la Comunidad Campesina de Quicacan y sus anexos, por lo que se le solicitó documentalmente que presentara su acreditación.
Para el presidente de la comunidad campesina, el trasfondo sería otro, según Espinoza, el director de la DRA no quiere entregar los documentos solicitados por irregularidades en la venta de los terrenos de Quicacan que ahora se encuentran en proceso de expropiación.
“Estos terrenos de Quicacan están en un proceso de expropiación que aún no termina, esta expropiación va a terminar con el pago del justo precio, sin embargo, estos señores de la Dirección Regional de Agricultura han cometido faltas, demasiados errores, atropellos y justamente por eso hay abogados que tienen terrenos a cambio de asesoramiento”, expresó Espinoza.
La denuncia contra Roy Cruz también comprende el delito de falsedad genérica, según el documento presentado al Ministerio Público, el director de la DRA, usa de manera irregular, maquiavélica, tendenciosa y anómala, dos firmas distintas en diversos documentos públicos, lo cual hace dudar de su autenticidad, y de esta manera, estaría perjudicando a los usuarios dentro de la administración pública.
El dirigente campesino espera que las autoridades competentes hagan su trabajo y sancionen como corresponde al funcionario o funcionarios que están incurriendo en los delitos mencionados: “Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la administración pública, en ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este derecho”, puntualizó.
